A inicios de la década de los 70 desde la Policía Nacional y por iniciativa de un grupo de policías se empezó a desarrollar estudios institucionales para crear la escuela de Guardias del personal femenino de la entonces Guardia Civil, en razón de encontrarse muchas mujeres involucradas en la comisión de delitos y faltas especialmente de contrabando y tráfico ilícito de drogas, a quienes el personal policial masculino no podría efectuar el registro personal minucioso para determinar si entre sus prendas íntimas llevaban mercancías ilegales.

Por otro lado, los niños, niñas y adolescentes que empiezan a irrumpir en los juegos articulados por monedas, quienes no asisten a las escuelas y quienes se dedicaban a deambular por calles, parques y plazas requerían una atención especializada que debía brindarse por personal femenino, es que se consolida la necesidad de crear un cuerpo policial femenino para atender especialmente a este segmento poblacional de mujeres y niños.

A finales de 1976, queda expedita la documentación para la creación de la Escuela Femenina de la Guardia Civil, con sede en el Distrito de San Bartolo (Al Sur de Lima), iniciándose la convocatoria, selección y formación durante 1977. La primera promoción de policías femeninas egresa de la escuela como Guardia Civil Femenina (GCF) el 01 de Enero de 1978,

Mediante Resolución Directoral N° 2204-78 de agosto de 1978, se autoriza la creación del "Centro de Menores y la Comisaría de Mujeres de Lima Metropolitana", cuya sede fue la Avenida San Felipe cuadra 5ta en Jesús María, teniendo como finalidad custodiar a mujeres detenidas en tanto dure el proceso de investigación policial y sean puestas a disposición de la autoridad judicial (No existía Fiscalías).

Así mismo, se albergada a niñas, niños y adolescentes extraviados, abandonados, quienes cometían actos antisociales (Ahora infracciones a la ley penal) hasta que sean puestos a disposición del Juzgado de Menores con el Informe Tutelar respectivo.

Con Resolución Directora N° 3338-79 de la Guardia Civil (GC) del 26 de setiembre de 1979, dispuso que la Comisaría de Mujeres de la GC cambie de denominación por la de "Centro Preventivo GC para Mujeres N° 1", siendo esta Comisaría el antecedente institucional de la actual Comisaría de Mujeres de Lima, donde desempeñaban labores de custodia y seguridad a las mujeres que hubiesen cometido delitos además al desarrollo de actividades de prevención, asistencia, protección y orientación a favor de las mujeres que habían cometido diferentes delitos a fin de integrarlas a la comunidad.

El 17 de Abril de 1984, se crea la Dirección de Protección de Menores (DIPROMEN) y se escinden las funciones del "Centro Preventivo GC para Mujeres N° 1" en: Centro Preventivo GC para Mujeres, y Centro Preventivo de niños y adolescentes dependiente de la nueva Dirección,

A comienzos de 1986, se creó en el Ministerio de Justicia la "Comisión Especial de Derechos de la Mujer", el mismo que elaboró el primer informe peruano sobre el cumplimiento de la "Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer". Este estudio reflejó la necesidad de impulsar instancias policiales especializadas en la atención de la violencia familiar.

Por la misma época se creó al interior del Instituto Nacional de Planificación, la Oficina para la Promoción de la Mujer; la misma que levantó un diagnóstico que incluyó la violencia en relaciones de pareja.

El 2 de junio de 1988, la Dirección General de la Guardia Civil, dispuso por Resolución Directoral N° 1694-88-GC-COAS, la creación de la Primera Comisaría de Mujeres de Lima, como Proyecto Piloto; su organización y funcionamiento es regulada por normas y reglamentos generales, aplicables a las unidades operativas básicas de la Policía. Sin embargo su misión, funciones y competencia, son exclusivas para atender casos en los que se encuentren involucradas mujeres.

En el año 1985 en el Estado de Sao Paulo (Brasil) se creó la primera Comisaría de Mujeres de América Latina, ese mismo año se crearon estaciones policiales similares en las demás regiones de países. Dicha iniciativa fue auspiciada por el Estado a través del Consejo Estatal de Condición Femenina y el apoyo del Ministerio de Justicia a través del Consejo Nacional de derechos Humanos. Después de un año de atención, se habían recepcionado 65,000 nuevas denuncias que no aparecían en otras estadísticas policiales. Además el 70% de denuncias de parejas.